Quienes no adquieren las competencias lingüísticas del idioma oficial, terminan excluidos del mercado laboral como si estuvieran encarcelados.
Podríamos decir que los ciudadanos estamos
sometidos a diferentes códigos de convivencia, siendo el más visible aquel que
contiene las leyes en materia civil, penal, comercial.
Las transgresiones a estas leyes suelen ser
objeto de un juicio, de alguna demanda, de alguna penalización, privación de
libertad, multas, suspensiones en algunos derechos.
Existe otro código mucho más importante que
este aunque no lo parezca porque las transgresiones a sus leyes reciben
sanciones menos temibles: me refiero al código de la lengua, del idioma, del
lenguaje.
En cada país los estados detentan una lengua
oficial, lo cual implica cumplir con la obligación de poder hablarlo y
entenderlo, preferentemente en forma oral y escrita aunque el analfabetismo
parece mejor tolerado que el desconocimiento del idioma.
Basta tener alguna dificultad en algún país
donde no podamos hablar su lengua, para darnos cuenta cuántas dificultades de
convivencia caerán sobre nosotros.
El idioma español es el segundo idioma más
usado en el mundo. El más usado es el chino.
Quienes vivimos en un país donde la lengua
oficial es el español, estamos obligados, por la vía de los hechos, a
entenderlo y a hacernos entender con él y con ningún otro.
Esto siempre fue así pero ahora la
obligatoriedad ha aumentado indirectamente porque las tecnologías de la
comunicación han tomado tal protagonismo que es mucho más difícil que hasta
hace diez años, ganarnos la vida y mantener una convivencia mínimamente
aceptable si no podemos hablar por teléfono, si no sabemos escribir un mail o
enviar un mensaje de texto.
Si los transgresores de las leyes penales
terminan privados de libertad, quienes no adquieren las competencias
lingüísticas del idioma oficial, terminan excluidos del mercado laboral como si
estuvieran encarcelados.
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