«¿Idiota yo? ¿Qué me quiere decir?»

Todos tenemos una idea aproximada de cuáles son nuestros derechos y obligaciones, pero cuando otro ciudadano (o el estado) nos acusa de alguna falta, transgresión o delito, tenemos que recurrir a un abogado para que se encargue de atender la demanda de la que somos objeto.

Los abogados están formados para que la justicia de cada país aplique las sanciones con la mayor justeza posible.

Metafóricamente, se acostumbra decir que el ciudadano transgresor, debe «pagar su deuda con la sociedad», cumpliendo estrictamente la sanción que los legisladores alguna vez determinaron, para ser aplicadas a quienes incumplieran las leyes que ellos mismos redactaron.

Esto también puede aplicarse en el terreno de los impuestos.

Para solventar los gastos del Estado, los legisladores establecieron que cada uno de nosotros contribuyera con cierta cantidad de dinero.

En este caso, son los contadores quienes están formados para que la justicia tributaria de cada país, aplique las sanciones con la mayor justeza posible, a quienes cometan algún tipo de evasión fiscal.

Todas las normas (de la legislación civil, penal y tributaria), están escritas en el idioma de sus destinatarios. En nuestro caso, están escritas en castellano.

Esto permite pensar que cualquier que sepa leer, podría ser abogado o contador.

¡Nada más lejos de la realidad!

En todos los países e idiomas, es preciso estudiar mucho para saber qué significan realmente esos textos legales.

Suele pensarse que cuando un texto está en otro idioma, no hay más que traducir palabra por palabra con un diccionario, para convertirlo a otro idioma.

No es así. Los traductores deben comprender qué quiso decir el autor y luego tratar de expresarlo con el nuevo lenguaje.

A las leyes también hay que traducirlas para poder aplicar, en los hechos, lo que los legisladores quisieron decir («el espíritu de la ley»).

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